El Panamá del ´New York Times´
ORLANDO ACOSTA
15/05/2013 - Desde Jamaica y de reciente visita a este país, una amiga me compartió un artículo de The New York Times en su sección Travel, del 3 de mayo de 2013. El extenso escrito reseñaba a un Panamá moderno, elitista, brillante, único, rico, opulento y marginal. Tim Neville –periodista del diario neoyorquino– la pasó bomba entre los restaurantes del Casco Antiguo en compañía de artistas y chefs emergentes de la elite panameña. Se asombró por la cantidad de iglesias confinadas en las siete cuadras del barrio. El hombre cobijó su cansado cuerpo en el confort de uno de los hoteles boutique más in del área, cubierto con sábanas de algodón egipcio de 900 hilos, mirando por su ventana un bucólico escenario que le hizo recordar la cinta El Sastre de Panamá.
El paso del periodista estuvo bajo el cuidado de panameños –artistas, cocineros– y el contacto de inversionistas estadounidenses que lograron lucrar con la especulación inmobiliaria en uno de los barrios que se transformó en el más exclusivo y caro de la ciudad.
La aventura socioculinaria se confundió entre grandes torres de cemento y cristal, pescado frito en forma de hot dog y heroicas historias de redimidos pandilleros urbanos. Neville no tiene queja de la visión que, como luciérnaga encandilada, tuvo de la imagen urbana, la gente y la cultural de la ciudad de Panamá.
A kilómetros al este del Casco, más allá de las playas de Panamá Viejo que vieron fundar la primera ciudad del Pacífico americano, miles de panameños pasan madrugadas y noches en interminables filas para lograr un asiento en el Metro Bus, la “moderna, eficiente y confiable modalidad de transporte urbano” que trata de trasladar a los usuarios a sus trabajos. La crisis de transporte y movilidad ha registrado los mayores niveles de conflicto y contradicción, realidad que encara sin éxito la administración pública. La solución se ha sostenido con millonarias inversiones públicas y monopólicas empresas del sector privado, para articular un sistema integral. Al esfuerzo se sumaron millonarios proyectos carreteros para mejorar la vialidad urbana; estos arremetieron contra el patrimonio cultural panameño y universal con la construcción de una cinta costera que destruyó manglares y cambió para siempre el perfil del paisaje marino la bahía. Es obvio que Neville no tuvo acceso a este Panamá.
Un número importante de ciudadanos no tiene agua potable de forma regular. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU proponen reducir a la mitad la deficiencia en la cobertura, antes de 2015. Para que Panamá logre esta meta, es necesario hacer mucho más que inversiones en hoteles y carreteras. Demanda reforzar la institucionalidad rectora del sector agua que, según expertos locales, necesita más que recursos de inversión. Se requiere ejecutar una política de uso y conservación de los recursos hídricos y una transformación del sector.
El Estado asignó cerca de $200 millones para la mejora de los sistemas de abastecimiento y saneamiento en la región metropolitana. En el corredor, entre Panamá y Colón, la demanda por el servicio de agua potable es diaria.
La semana pasada, la misma mañana en que Kim Bolduc, representante de la oficina del PNUD, presentaba el informe de desarrollo humano, El ascenso del Sur: Progreso humano en un mundo diverso, una mujer de 19 años y su hijo nonato, perdían la vida sepultados bajo detritos humanos, en una letrina en la comunidad de Chapala, a 30 minutos del opulento hotel Miramar, en el que se presentaba el informe. La economía creciente no ha logrado impulsar cambios significativos para la mayoría de los panameños. El modelo económico de crecimiento excluye a un grupo importante, siendo una de las peores que distribuyen el ingreso y que genera un número indeterminado de “otros Panamá”.
Para los gobernantes, ciudadanos, empresarios, políticos y diputados, las disparidades sociales y ambientales, así como los desafíos para erradicarlas debe ir más allá del esfuerzo de regalar (en voces de futuras campañas) estufas, jamones y tanque de gas. El reto de acabar con la pobreza y lograr el acceso a agua y saneamiento se transforma en un compromiso ético, cristiano y solidario; valores desconocidos por ese grupo. Los cambios radicales de los “otros Panamá” serán el resultado de acciones alejadas de la superficialidad y del ojo de un visitante fortuito, que tuvo el privilegio de pasar por estas costas y reportar, desde el trópico, la asombrosa y contradictoria realidad de nuestra cotidianidad.
Fuente: La Prensa.
Elevada deuda, la herencia de Martinelli
ROBERTO GONZÁLEZ JIMÉNEZ
En términos nominales, durante la actual administración se habrá incrementado la deuda del país en un 57%, a pesar de los ingresos récord que ha obtenido para ejecutar obras.
14/05/2013 - Ricardo Martinelli será por lejos el presidente panameño que más ha recurrido a la contratación de deuda para financiar gastos.
Al cierre de 2009, el primer año de su mandato, el saldo de la deuda era de $10 mil 972 millones. Esta cifra ha ido en aumento y, por este comportamiento, originalmente se calculó que al finalizar 2014 el país adeudaría $14 mil 852 millones.
Sin embargo, justo a un año de que termine la actual administración, en medio de un año electoral y con ingresos históricos, ahora el Gobierno calcula que la deuda se elevará a $17 mil 227 millones.
Este diario tuvo acceso al documento Marco fiscal de mediano plazo 2014-2018, presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a la Asamblea Nacional, en el que se revela el salto que dará la deuda pública justo en las fechas mencionadas.
Para el economista Felipe Chapman, es desconcertante ver que, según las proyecciones presentadas por el MEF, en cinco años la deuda aumente $6 mil 255 millones, es decir, 57% en términos nominales.
A su juicio no se justifica la actual estrategia fiscal. “Decepción, en jerga simple: pan para hoy y hambre para mañana”, manifestó el economista, que además advierte sobre cómo las decisiones monetarias y fiscales que se adoptan ahora tendrán efecto después.
“El exceso de gasto en el último año de gobierno es un problema de vieja data y seguirá hasta que la sociedad exija disciplina fiscal”, destacó.
Infraestructuras. Este Gobierno habrá destinado más de $13 mil millones a obras públicas. Martinelli y sus ministros aseguran que la deuda se contrata para sufragar estas inversiones, que no fueron ejecutadas por sus predecesores. LA PRENSA/Ana Rentería
El saldo de la deuda pública al cierre de 2014, el último año de la administración de Ricardo Martinelli, ascenderá a $17 mil 227 millones.
Así consta en el documento “Marco Fiscal de Mediano Plazo 2014-2018” presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a la Asamblea Nacional. Después de solicitar la dispensa para elevar los límites de déficit establecidos en la Ley de Responsabilidad Social Fiscal, el MEF estaba en la obligación de presentar nuevas proyecciones macroeconómicas y un cronograma de ajuste del déficit fiscal.
En 2011 el MEF –entonces comandado por Alberto Vallarino– llevó a la Asamblea Nacional un documento similar (Marco Fiscal de Mediano Plazo 2011 – 2015), que proyectaba para finales de 2014 una deuda pública de $14 mil 852 millones.
Dos años más tarde, Frank De Lima, jefe económico del Gobierno, plantea una variación de $2 mil 375 millones al alza.
Martinelli será, con mucha diferencia, el Presidente que más haya recurrido a la deuda para financiar el gasto en su administración. Al cierre de 2009, el primer año de su mandato, el saldo de la deuda era de $10 mil 972.3 millones.
Si se cumple la nueva proyección del MEF, tras los cinco años del gobierno de Martinelli la deuda habrá engordado en $6 mil 255 millones (57% más), una cifra que supera en mil millones de dólares el presupuesto de la ampliación del Canal de Panamá ($5 mil 250 millones).
Además, Martinelli habrá disfrutado de una economía en constante crecimiento, que se traduce en aumento de ingresos para el Estado.
En 2012, los ingresos tributarios fueron casi mil millones o 27% superiores a los del año anterior. Los aportes del Canal de Panamá, por su parte, se han estabilizado alrededor de los mil millones de dólares.
A esos niveles de deuda pública se llegará después de cosechar déficit fiscales en todos los años de la administración, una consecuencia de haber disparado el gasto –tanto de operaciones como de inversiones– por encima de los ingresos.
El MEF pronostica que este año el déficit será de 2.8% sobre el PIB. No obstante, el Gobierno solicitó una dispensa a la Asamblea para elevar el límite de déficit fiscal a 3.1% y así obtener recursos para atender los daños causados por las inundaciones del pasado mes de noviembre.
Para 2014, año de elecciones presidenciales, el balance del sector público arrojará un déficit de mil 237 millones de dólares (2.7% del PIB) y para 2015 el pronóstico de déficit ascendería a mil 532 millones de dólares, un 3% del PIB. En los años sucesivos, el déficit iría descendiendo paulatinamente hasta los $202 millones en 2018.
También tendrá una tendencia negativa la relación deuda-PIB, como consecuencia del crecimiento que se sigue esperando para la economía.
Según el MEF, en 2014 este indicador caerá a 38%, y seguirá descendiendo hasta un 31% en 2018, año en el que el PIB se acercará a los $66 mil 400 millones. De cumplirse este pronóstico, el PIB se habrá duplicado entre 2011 y 2018.
Además de la deuda que aparezca en los balances del sector público, el próximo presidente tendrá que hacer frente a otros compromisos asumidos por esta administración y que no constan en los reportes oficiales de deuda.
EFECTO ´LLAVE EN MANO´
Al nuevo Gobierno le quedará por pagar alrededor de un tercio del programa de reordenamiento vial, una de las múltiples contrataciones ´llave en mano´ que ha efectuado este Gobierno.
Con ese modelo de contratación, la empresa que ejecuta la obra es responsable de conseguir el financiamiento y, por lo tanto, la deuda no figura en los balances del Estado.
Entre el Gobierno Central y la Caja de Seguro Social han contratado proyectos por alrededor de $3 mil 400 millones utilizando esta figura.
El ministro de Economía Frank De Lima, reconoció recientemente que todavía quedan por pagar alrededor de mil 800 millones de dólares.
Por ejemplo, el plan de reordenamiento vial y la ciudad hospitalaria se terminarán de pagar en 2016 y 2018, respectivamente.
Además de utilizar los contratos ´llave en mano´, el gobierno de Martinelli utilizó otra herramienta legal que le permitió elevar la deuda pública.
En abril de 2011 excluyó del sector público no financiero –cuyos límites financieros están regulados por ley– a Tocumen, S.A., a la Empresa Nacional de Autopistas (ENA) y a la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (Etesa).
De esta manera, ENA pudo hacer emisiones de bonos por mil millones de dólares para financiar la compra de los corredores; mientras que Tocumen, S.A. se prepara para obtener en el mercado $600 millones que le ayuden a sufragar la nueva terminal sur, y esas deudas no figuran en los balances del Estado regulados por la ley.
El argumento del Gobierno es que, al igual que el Canal de Panamá, estas compañías tienen ingresos propios, y que son los que respaldan las emisiones y garantizan su pago.
En términos generales, defienden, además, que el endeudamiento del país es relativamente bajo y que este es un momento histórico oportuno para desarrollar las infraestructuras que no hicieron Gobiernos anteriores. Sin embargo, también se ha disparado el gasto de operaciones del Gobierno, se ha elevado la planilla estatal y aumentado los subsidios.
Martinelli va camino de cumplir su vociferada promesa electoral de invertir más de $13 mil millones en cinco años.
Serán los panameños, en el tiempo, los que tendrán que hacerle frente a la letra chica no publicitada del contrato, esos más de $17 mil millones de deuda.
Fuente: La Prensa.
Acerca de la crisis energética
Por: Erick Simpson Aguilera
Bajo nivel en el Lago Fortuna
Panamá afronta una crisis energética muy seria que amenaza con provocar apagones a nivel nacional si las condiciones climatológicas (sequía) no varían y las medidas de racionamiento no resultan suficientes para paliar la crisis.
Por lo técnico y delicado del tema que nos ocupa, resulta difícil escribir sobre el mismo, como quiera que, lo que precisamos en este momento es solucionar los efectos adversos de la sequía que ha disparado la crisis, de manera que podamos evitar los apagones con sus nefastas repercusiones en la economía nacional, ergo, no es el mejor momento para buscar culpables, ni mucho menos de cazar brujas para sacar ventaja demagógicamente contra el gobierno de turno.
Sin embargo, como auditor que soy, no puedo realizar un análisis que establezca la condición, efectos, y recomendaciones, de una temática en particular, pasando por alto las causas y criterios concernientes a la misma. De hecho, para buscar soluciones a cualquier problemática, es preciso que detectemos y erradiquemos las causas que la ocasiona.
Dicho esto, entramos en materia.
Es justo reconocer que, las causas que han disparado la crisis energética que sufre Panamá, no se han originado exclusivamente durante el gobierno actual, y tampoco podemos culpar al mismo de la falta de lluvias lo cual sería el colmo de la demagogia y rozaría en la ridiculez.
No obstante, en materia de planificación en base a la demanda y oferta de energía aunado a la variable del crecimiento económico que experimenta el país desde hace una década – el cual dispara considerablemente la demanda-, en planes de contingencia para hacerle frente a una crisis como la actual mediante un sistema de respaldo que nos evite estar a expensas de aspectos climatológicos adversos como las sequías, y en lo tocante al enfoque de nuestra política energética, en mi humilde opinión que puede estar errada por no disponer yo de todos los elementos de juicio, no ser un técnico ni experto en la materia, ni poseer el patrimonio de la verdad, considero que el gobierno de turno ha fallado, toda vez que, la crisis actual se veía venir desde hace rato, y debieron por ende, tomar las medidas pertinentes para evitar llegar al punto crítico en que nos encontramos actualmente.
Así las cosas, resulta ser que, el Proyecto Chan II que realizaría la empresa AES en Bocas del Toro y el cual generaría 213 megavatios fue cancelado por la ASEP, y el proyecto de interconexión eléctrica entre Colombia y Panamá que nos proveería de una línea de trasmisión de 300 MW de capacidad, y se llevaría a cabo por la Sociedad Conjunta: Interconexión Eléctrica Colombia – Panamá (ICP), fue cancelado por el Gobierno del Presidente Ricardo Martinelli alegando falta de fondos y problemas ambientales para afrontar el mismo. También argumentó el presidente que “Hay muchas pérdidas por tener una mala línea de transmisión y hay una gran cantidad de inversión en hidroeléctricas que se están construyendo o que ya han sido construidas”.
Desde afuera y sin ser reitero, un técnico ni experto en la materia, se me ocurre que los mencionados proyectos nos hubieran resultado muy útiles a futuro, dadas las carencias que hoy se hacen evidentes con la crisis energética. Además, considero más estratégico, clave y rentable, invertir 500 millones de dólares en un proyecto energético (Interconexión Colombia – Panamá) que beneficiaría al país impactando positivamente a nuestra economía, al evitar en parte, los temidos apagones que nos amenazan hoy en día, que invertir 782 millones de dólares en la Cinta Costera III. En cuanto a las grandes inversiones en hidroeléctricas de que habla el presidente, sería bueno saber si las mismas son suficiente para suplir y rebasar la demanda domestica, es decir, si estos contratos de concesiones están enfocados al mercado de consumo interno como prioridad, o si los particulares dueños de estas empresas pueden priorizar a su antojo, exportando allende las fronteras si les resulta más rentable, la energía obtenida de nuestros ríos.
Reitero, por no conocer todas las aristas, pormenores y elementos de juicio respecto a un tema tan técnico como el que nos ocupa, puede ser que tenga una percepción equivocada; no obstante, me da la impresión de que alguien no está haciendo su trabajo o lo está realizando de manera mediocre. Algo no me cuadra en todo este asunto, siendo que, se supone que Panamá es uno de los países con mayor potencial hídrico del mundo (según la ANAM en el país existen unos 500 ríos, de los cuales, 350 están en la vertiente del Atlántico y 150 en el Pacífico), y aun así no resolvemos los temas energéticos y de suministro de agua potable.
Según Global Water Partnership “Se considera a Panamá uno de los países del mundo con mayor recurso hídrico, más de 50.000 m3 per cápita. De este potencial se utiliza para diferentes usos menos de un 1,1%”.
Según el informe presentado por el Comité Técnico Asesor para Centroamérica de la Asociación Mundial del Agua (CATHALAC) titulado “Situación de los recursos hídricos en los países del istmo centroamericano“, Panamá es una de las naciones más ricas en recursos hídricos del mundo con unos 52.437 metros cúbicos per cápita.
De manera que, hay mucha tela que cortar en este tema tabú que parece velado en lo tocante a las causas de la crisis.
Así las cosas, se me ocurre desde mi empirismo e ignorancia preguntar a los expertos en el tema, si resulta muy difícil actualizar el inventario de nuestros recursos hídricos (ríos, lagos, y aguas subterráneas), analizar la demanda actual y a unos 10 años versus nuestra capacidad instalada y potencial hídrico por explotar, de manera que, podamos establecer un plan energético nacional que tenga como norte garantizar el consumo interno y no el lucro de particulares que explotan nuestros ríos para exportar energía. Es importante que garanticemos la demanda energética actual y futura mediante nuestros recursos hídricos internos, y a través de líneas de respaldo como la que se proyectaba interconectar desde Colombia, y fuentes alternas de energías limpias renovables, de manera que, no nos veamos en puntos críticos que nos obliguen a racionar la energía y apagar el país.
Sí, ya sé que, algunos especuladores se frotan las manos y tratarán de pescar en río revuelto satanizando a nuestros pueblos originarios, culpándolos de la crisis energética por oponerse a la explotación de sus ríos, y tratarán de manipular los ánimos ciudadanos para que el pueblo respalde por miedo a los anunciados apagones, una arrebatiña de concesiones para apoderarse de nuestras riquezas hídricas. Por tanto, es preciso que evitemos ser engañados y estafados, toda vez que, requerimos planes serios que gestionen todos los ríos nacionales -no solo los comarcales- de manera que, podamos determinar cuáles debemos mantener prístinos sin explotación ni intervención humana, y cuáles debemos explotar balanceada y sosteniblemente, para fines de consumo humano (potabilizadoras), energéticos, y agrícolas, mediante un plan estratégico enfocado al consumo interno, dirigido por el Estado, y no por especuladores privados con ánimo de lucro y deseos de exportar nuestra energía hidráulica para beneficio propio y en detrimento del país.
Un país que se dice camina a pasos agigantados hacia el desarrollo, que según algunos políticos demagogos es el Dubái de las Américas, no puede darse el lujo de andar de crisis en crisis por la falta de planificación, improvisación, visión cortoplacista, y mediocridad de funcionarios que solo viven el día a día y no prevén a futuro, que carecen de visón de Estado, y se mueven por el ánimo de lucro en detrimento del bienestar nacional. Durante la actual administración gubernamental, hemos sufrido crisis serias de agua (hasta tres meses seguidos sin agua en una de las mencionadas crisis), basura (se le cambió el nombre y jurisdicción a la entidad y seguimos con la misma mediocridad inundados de basura y sufriendo el humo toxico del vertedero), transporte público (el calvario y martirio de los metro buses está fuera de control), energética (los racionamientos y amenazas de apagones afectan nuestra imagen de país serio, moderno, turístico, seguro y estable que goza de grado de inversión, es bueno para vivir, cómodo para visitar, etcétera).
Es hora de mirar con luces largas; de superar el hábito de la inmediatez; de erradicar la cultura bomberil que apaga fuegos en lugar de evitarlos; de planificar; de gestionar nuestros recursos adecuadamente; y de anticipar con planes de contingencia cualquier eventualidad adversa que pudiéramos enfrentar. De modo que, planificación en base a la demanda actual y futura versus los recursos disponibles en el país y en el exterior (Colombia); planes de contingencia y líneas de respaldo; diversificación de la matriz energética explorando la posibilidad de incluir en la misma la explotación de energías limpias renovables (eólica, solar, undimotriz, etc.), son conceptos claves que debemos aplicar.
En fin, ahora con la crisis ya en pleno apogeo, nos toca solucionar los efectos inmediatos de la misma porque el daño está hecho y no hay de otra, y planificar seriamente para no vernos en el futuro en una situación de vulnerabilidad similar a la actual. Y se me ocurre que las medidas para paliar la crisis no pasan por suspender las clases afectando aún más a nuestros estudiantes que de por sí son víctimas de un pésimo sistema educativo.
Saludos cordiales.
Erick Simpson Aguilera.
Crisis anunciada del sector eléctrico
Por: Fernando Aramburu P.
07/05/2013 - Mucho se ha comentado sobre la posible escasez de energía eléctrica que confrontamos en Panamá en estos momentos, con un costo incalculable para la economía y la imagen del país con grado de inversión, y las molestias que esto causaría a la ciudadanía.
Desde 1998, año en que se reestructuró el sector eléctrico y se privatizó el Irhe, no hemos tenido una situación de racionamiento de energía como la que podría haber ahora. En mayo de 2008 el Gobierno también tuvo que tomar medidas de ahorro de energía para evitar el racionamiento.
En el tema de la falta de planificación para un suministro adecuado de energía, con las mejores condiciones de precio y disponibilidad, se trata de hacer la programación con antelación. De hecho, la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. ya lo hace anualmente mediante el plan de expansión del sistema eléctrico nacional, y que debería ejecutarlo de acuerdo al mandato de la misma: programando licitaciones de compra de energía y potencia periódicamente con la debida antelación (mínimo seis meses) e invitando a los calificados a participar de manera transparente y competitiva, sin restricciones y, por supuesto, sin cambios de última hora no homologados, para evitar reducir la competencia, tal como estipula la Ley 6 que rige el sector.
La última licitación de compra de energía significativa y transparente se hizo en el año 2008 por las distribuidoras supervisadas por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos y generó una significativa cantidad de proyectos hidroeléctricos que estamos viendo terminarse ahora, cinco años después, por más de 600 MW (megawatts) y que son los que han sostenido el crecimiento de la economía en estos años.
Durante el periodo 2009-2012, desde que el Gobierno asumió la responsabilidad de comprar energía no se han realizado licitaciones suficientes frente al crecimiento de la economía; salvo el de generación eólica por 100 MW y otras menores hidráulicas que no garantizan energía y potencia para todo el año. Este año se hizo una licitación para una planta de carbón de 150 MW para 2017, en la que se presentó un solo proponente.
Por otro lado, las autoridades cancelaron el año pasado la concesión para desarrollar la hidroeléctrica Changuinola II a la empresa internacional AES, alegando que superaba la participación máxima permitida en el mercado, pero hasta la fecha no se ha vuelto a licitar este importante proyecto hidroeléctrico de 200 MW. Adicional, recientemente se canceló el proyecto de interconexión eléctrica con Colombia que representaría unos 300 MW adicionales de oferta eléctrica para el país agravando el panorama a largo plazo.
En el caso particular de la reciente licitación para una planta generadora en base a LNG (gas natural), por 400-500 MW para el 2017-2036 y un valor estimado de $1,000 millones, esta no se realizó de manera oportuna ni transparente ya que se publicó con pocos meses de antelación y durante el proceso se hicieron sendos cambios en los pliegos que disminuyeron la competencia, de tal forma que a la hora de las propuestas hubo un solo proponente.
Por todas las razones anteriores los gremios reunidos en conferencia de prensa la semana pasada pidieron se declarara desierta y se realizara nuevamente, dando un mínimo de seis meses de plazo a los interesados en participar.
En la Comisión de Energía de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) e interinstitucional, de la que formo parte, hemos venido discutiendo el tema de la falta de contratación de la nueva capacidad instalada necesaria para enfrentar el crecimiento de la demanda energética en el país, de más del 6% anual. Si bien el Gobierno ha hecho un esfuerzo notorio para diversificar la matriz de energía, es imperativo el impulso de contrataciones a tiempo y de manera transparente para garantizar el suministro, adicional a que se mantenga el buen clima de inversiones con reglas del mercado estables. Así se lo hemos comunicado en diversos foros y comunicados a la autoridades, sin que hayan tomado los correctivos necesarios.
Esperemos que ante la inminencia de esta crisis, se hagan los correctivos y se tomen las medidas tantas veces recomendadas por los voceros del sector privado.
Fuente: La Prensa.
Panamá: El mito del pleno empleo
Por: Erick Simpson Aguilera
Uno de los indicadores más resaltados por el gobierno de turno es el 4% de desempleo actual, que se traduce en el denominado pleno empleo.
Pues bien, a simple vista y con una lectura superficial, semejante tasa de ocupación (96% de la fuerza laboral) resulta muy halagadora. No obstante, cuando realizamos un análisis a profundidad del mercado laboral panameño, los resultados son estremecedores y preocupantes; toda vez que, reflejan una realidad sintomática de nuestro fallido modelo socioeconómico en el cual reinan la desigualdad y la exclusión.
Así las cosas, resulta ser que, de acuerdo a la Contraloría, de la totalidad de la fuerza laboral panameña –que según el almanaque de la CIA ronda 1.509 millón de personas- el 37.2% (561,348 personas), están ocupadas informalmente; léase, son vendedores ambulantes, buhoneros, limpiaparabrisas, limpiabotas, cuidadores de autos (bien cuida’o), etcétera. De manera que, ganan poco, no pagan impuestos, y no cotizan seguridad social.
Cabe destacar que, este porcentaje de informalidad del 37.2%, no contempla a los trabajadores del sector agropecuario. De modo que, la cifra real de trabajadores informales pudiera rondar aproximadamente el 47% de la fuerza laboral, léase, 709,230 personas.
Sí apreciado lector, usted leyó bien; el gobierno maquilla las cifras de empleo o mejor dicho, relaja los estándares de lo que se supone debiera ser nuestro ideal de empleo, léase, un trabajador altamente calificado y educado, bien remunerado y plenamente integrado a la economía nacional por pagar sus impuestos y cotizar a la seguridad social, al considerar en las cifras oficiales de ocupación a trabajadores informales que sobreviven en la economía subterránea, ergo no existen para el crédito, y están destinados a ser subsidiados con programas estilo 100 a los 70 por no cotizar seguro social y en consecuencia no poder jubilarse cuando les llegue la edad.
Bueno sería que la fuerza laboral supuestamente plenamente ocupada, tuviera una educación al nivel de los más altos estándares mundiales, para que la gran demanda nacional por mano de obra altamente calificada, fuera cubierta internamente, y no por trabajadores foráneos como sucede actualmente debido a nuestro pésimo sistema educativo que no forma a profesionales y técnicos con el perfil requerido; y devengara salarios decentes (según la Contraloría el 45.6% de un millón 64 mil 257 hogares panameños perciben ingresos mensuales del orden de B/.400 o menos, y el 85% de la población devenga menos de B/.600 mensuales).
Sin embargo, dificulto que quienes administran actualmente el Estado y quienes desde la oposición aspiran a administrarlo, tengan algún interés genuino de acabar con este modelo socioeconómico perverso que raya en la esclavitud, y que perpetúa la pobreza, marginalidad, injusticias sociales, y desigualdad; toda vez que, el gobierno haciendo gala de una mediocridad de cuidado, considera un gran logro a programas como 100 a los 70 que son necesarios para paliar la pobreza, mas no constituyen un verdadero antídoto para erradicarla, razón por la cual no me sorprende que no aborden el tema de la informalidad laboral para solucionarlo, y los opositores carecen de un discurso serio que explique el cómo solucionarían estas temáticas sociales que agobian al país, y solo anhelan llegar al poder para repartirse el botín político entre sus allegados y aliados.
Es triste que un país tan rico, bendecido, y lleno de potencial como el nuestro, tenga como el mayor obstáculo para alcanzar el desarrollo integral a una clase política mediocre, corrupta, carente de visión, incapaz de adecuarse al siglo 21, y anclada al atraso de oscuras épocas que rozan el feudalismo y oscurantismo medieval.
Dicho esto, lo único que nos queda -hasta que se demuestre lo contrario- es votar por la alternabilidad en el poder, léase, por la oposición, para al menos respirar un “nuevo aire”; pero, sin grandes esperanzas de que las cosas cambien radicalmente, toda vez que, en mi opinión, quienes ostentan el poder político desde siempre (oficialistas y opositores), no dan la talla y solo entienden de politiquería, clientelismo, nepotismo, negociados, arrebatiña y repartición del botín político, corrupción, y demás malas artes por el estilo; mientras el pueblo cada día ve desmejorada su calidad de vida y se hunde más en la desesperanza. Sí, es cierto que mis palabras suenan duras y demasiado fuertes, pero, estoy seguro que no soy el único panameño que está decepcionado con la clase política nacional.
De modo que, cuando los políticos demuestren estar a la altura de las circunstancias para enrumbar al país por derroteros de desarrollo integral, fortalecimiento institucional, justicia social, prosperidad para todos -y no solo para la misma elite de siempre-, cuando demuestren tener la estatura de estadistas requerida para catapultar a Panamá al primer mundo, entonces muchos panameños que no creemos en ellos, cambiaremos de opinión. Sin embargo, actualmente agotaron el crédito y carecen de la confianza ciudadana por su pobre desempeño en la administración de la cosa pública.
En fin; el pleno empleo de que goza Panamá es un mito; como quiera que, un gran número de trabajadores panameños están excluidos de la economía formal, y sobreviven en la economía subterránea de la informalidad, desigualdad, vulnerabilidad y pobreza; ergo, están condenados a ser los futuros beneficiarios de 100 a los 70, perpetuándose así, el tercermundismo que nos carcome y atrasa como nación.
Saludos cordiales.
Erick Simpson Aguilera.
Cuando el dinero no alcanza
La inflación causa estrechez financiera. La canasta básica de alimentos, el más elemental de los indicadores, así lo refleja.
Nunca se le han incluido delicados cortes de carne ni tampoco pechuga de pollo deshuesada, pero pareciera que el menú que monitorea el Estado hubiese mejorado cuando se comparan los precios a través del tiempo.
La realidad es que esa cesta ha variado únicamente para incluir productos sustitutos que son más económicos, y aun así, al mes de marzo de este año la totalidad de los alimentos contenidos en la canasta costaban 4% más que durante el mismo período de hace un año.
Durante los últimos seis meses el alza en la canasta básica de alimentos ha pasado por constantes incrementos de precios hasta llegar a $320.85 en marzo, lo que implica un aumento de $13.82.
Si se analiza la evolución de los precios y se compara marzo de 2010 con marzo de 2013, se puede afirmar que los panameños están pagando 49 dólares más.
La queja recurrente de los consumidores es que cada vez que van al supermercado sienten que sus dólares pierden valor, y para algunos es imposible seguir con los mismos hábitos de consumo.
“He tenido que limitar la variedad de cosas que compro y también la cantidad. Ahora, por ejemplo, solo puedo comprar un tipo de cereal cuando hace un año compraba tres”, explicó Dalys Gil, madre de dos hijos.
Gil pertenece a una familia cuyo ingreso familiar está por arriba de los $1,500. Su posición es privilegiada si se compara con la mitad de los hogares en Panamá.
Las cifras de la Contraloría General de la República revelan que el 45.6% de un millón 64 mil 257 hogares panameños tiene ingresos mensuales de $400 o menos.
En teoría, a estas familias solo les quedan $79.15 para satisfacer otras necesidades y gastos, como transporte, vivienda, servicios básicos y escolaridad de sus hijos.
El 75% de los hogares en el país tiene ingresos que no superan los $1,000.
Ante la ola alcista que se vive actualmente, para muchos consumidores la opción ha sido aplazar pagos, pedir prestado o cortar algunos servicios como televisión por cable o celular.
Ciertamente los salarios han aumento casi 25% en los últimos cinco años, pero la inflación se traga buena proporción de los ajustes.
El costo de la vida en el país es medido por la Contraloría mediante el índice de precios al consumidor, que refleja la variación a través del tiempo de productos y servicios como alimentos, vestimenta y electrodomésticos.
A marzo de este año la inflación se ubicó en 4.1%, debido  en parte a la volatilidad que se observa mundialmente en el mercado petrolero.
“Panamá es un país netamente importador y las fluctuaciones de los precios del petróleo tienen un impacto directo en nuestra economía. Desde producir una libra de arroz [combustible y fertilizantes] hasta la compra de un boleto de avión se nos encarece. Somos adictos al petróleo”, sentenció el analista petrolero Harry Quinn.
Esta realidad de estar tan apegados a las fluctuaciones del llamado “oro negro” hace que el precio, tanto de los productos como de los servicios, se incrementen.
Del lado interno, un factor que contribuye a la inflación es el gasto estatal récord, con lo que se genera una expansión en el circulante monetario superior a la demanda del mercado, y se fomenta un aumento generalizado de precios que afectan al consumidor final.
EL EFECTO DEL PETRÓLEO
El economista Rolando Gordón recordó que el aumento en el crudo y sus derivados incide en la cesta alimenticia porque la producción agrícola se mueven basada en insumos que usan derivados del petróleo.
Para producir se necesita mover maquinaria agrícola en el campo, el uso constante de abonos y fertilizantes, así como trasladar productos a la ciudad capital.
El productor y economista agrícola Alexander Araúz indicó que todos los alimentos que se producen en el campo panameño dependen 90% de los derivados del petróleo.
Araúz recuerda que hace menos de cinco años podía encontrar un galón de diésel en $2.50, y ha llegado a estar en $4.00, sobre todo porque en el interior del país el combustible es más caro.
Del mismo modo, aseguró que muchos insumos que se utilizan en el campo han aumentado entre 70% y 100%.
El industrial Roberto Lombana calcula que el sector ha visto impactados sus costos de producción entre 10% y 15% ante la ola inflacionaria.
El empresario Gaspar García de Paredes anota que no hay que olvidar que los costos de la energía eléctrica también están asociados con el precio del barril de crudo, porque en Panamá se tiene un importante componente de termoeléctricas que consumen derivados del petróleo para la generación y que da paso para que las tarifas sean altas.
45% de hogares agobiado por alzas
El 75% de los hogares en Panamá genera ingresos menores a los $1,000. En este grupo, el 45.6% obtiene menos de $400 al mes.
La presión inflacionaria en el país está llevando al límite la economía de muchos panameños.
Los datos oficiales ponen de manifiesto cómo el poder adquisitivo de mucha gente se está reduciendo, al punto que prácticamente sus ingresos solo alcanzan para costear la comida.
En el Panamá que crece a un ritmo de 10%, el 45.6% de un millón 64 mil 257 hogares tiene ingresos mensuales de $400 o menos, de acuerdo con data de la Contraloría General de la República.
A marzo de este año, la canasta básica de alimentos se ubicaba en $320.85. Esto significa que cerca de la mitad de familias en el país solo tiene $79.15 para satisfacer otros gastos mensuales como transporte, vivienda, servicios básicos y escolaridad de sus hijos.
Consumidores consultados por este diario han confirmado que la estrechez económica que experimentan les ha obligado a cambiar sus hábitos de consumo.
Parte de la estrategia para poder cubrir sus gastos se basa en limitar la variedad de alimentos que consumen o reducir las cantidades.
Sin embargo, para muchos esta táctica no es viable porque simplemente no pueden consumir menos de lo que ya compran.
A marzo de este año la inflación se ubicó en 4.1%, debido, en parte, a la volatilidad que se observa mundialmente en el mercado petrolero.
Raúl A. Bernal
Fuente: La Prensa
Panamá: Canasta Básica 2013
Por: Erick Simpson Aguilera
El costo de la canasta básica familiar correspondiente al mes de febrero de 2013, ascendió a B/. 320.71, reflejando un aumento de B/. 49.32, con relación al mes de febrero de 2010.
A continuación un detalle de la variación del costo de los rubros que componen la canasta básica, durante el mes de febrero de 2013, respecto al mes anterior:
Seguidamente, gráficas anuales que muestran la tendencia al alza del costo de la canasta básica en el período comprendido desde el año 2010, al año 2012, y muestras comparativas del mes de febrero:
Como muestra la gráfica anterior, el costo mensual o anual de la canasta básica se mantiene en alza:
Como refleja la gráfica anterior, la canasta básica analizada con una muestra correspondiente al mes de febrero, mantiene una tendencia permanente al alza.
En fin, el tema es que, mientras el gobierno de turno que decía en campaña tener la fórmula para disminuir el costo de la canasta básica, se dedica a legislar a favor de sus electoreros y mezquinos intereses, aprobando a tambor batiente leyes impopulares como las que reforman el código electoral, enquistan en el poder a allegados inventando autoridades que no resuelven nada, y promueven la impunidad blindado a los funcionarios infractores en casos de corrupción al disminuir los plazos para la prescripción en delitos de peculado, los panameños siguen padeciendo el alto costo de la vida, el incremento incesante de la canasta básica, el caos del transporte público, la falta de agua potable, y una larga lista de etcéteras que, desmejoran severamente la calidad de vida de los ciudadanos, y que por lo visto, son temas sin importancia para el desgobierno de turno.
Y no obstante el descalabro en materia social que vivimos actualmente, el oficialismo se atreve a decir que, es el mejor gobierno de los últimos cuarenta años, y que se merecen perpetuarse en el poder.
Bien, cada quien es libre de pensar y votar como quiera y le dicte su conciencia, sin embargo, les sugiero estimados votantes que, no olviden a la hora de votar, el cada vez más caro costo de la canasta básica, gracias al abandono del sector agropecuario por parte del gobierno que prefiere importar antes que desarrollar el sector en mención, vulnerando en consecuencia nuestra seguridad y soberanía alimentaria, la falta de agua potable a nivel nacional, y el caos del transporte público ocasionado por el fiasco de los metro buses.
Saludos cordiales.
Erick Simpson Aguilera.
