Ricardo Martinelli, el presidente panameño de centro derecha, es un crítico frontal de Nicolás Maduro, el hombre fuerte de Venezuela. Pero en Panamá, está sentando las bases para acumular más poder. Si prospera su intento, la región dará otro paso atrás en el camino hacia la libertad. Pese a esto, el Departamento de Estado del gobierno deBarack Obama no ha dicho ni una palabra al respecto.

El mandato de Martinelli concluye el primero de julio y la Constitución no le permite optar por la reelección. Sin embargo, el magnate de los supermercados no soltará las riendas tan fácilmente. Ha convertido a su esposa, Marta, en candidata a la vicepresidencia por el partido Cambio Democrático (CD) en las elecciones presidenciales del 4 de mayo. El candidato a presidente es José Domingo Arias, su ex ministro de Vivienda.

La constitución panameña sale al paso de la posibilidad que un caudillo trate de “mover a la reina”, como se conoce en otras partes de la región esta táctica que busca eludir la prohibición a la reelección. Su artículo 193 declara que no podrán ser elegidos presidente o vicepresidente de la república “los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del Presidente de la República” para el periodo siguiente al suyo.

Una demanda por inconstitucionalidad ha sido presentada ante la Corte Suprema de Justicia. Pero el presidente parece apostar a que cinco de los nueve jueces que habitualmente votan a su favor lo vuelvan a hacer.

La democracia de Panamá está una vez más contra las cuerdas. En esta ocasión, Martinelli la ha asfixiado al agitar dinero bajo las narices de la clase política.

La economía ha crecido en forma acelerada en los años recientes y el mandatario se presenta como un líder que logra que las cosas se hagan como ningún otro presidente antes que él. Puede que esto sea cierto. Cuenta la leyenda que Mussolini logró que los trenes fueran puntuales. Pero la consolidación de poder que le permitió al dictador italiano aplastar a los disidentes y silenciar a los opositores terminó en desastre. Puede que no sea diferente en Panamá, donde el grandilocuente presidente vilipendia públicamente a sus adversarios y utiliza la autoridad tributaria para atacarlos.

Desde que asumió el poder en 2009, Martinelli ha casi duplicado la deuda pública a cerca de US$20.000 millones. CD, el partido de gobierno, obtuvo apenas 14 de los 71 escaños en juego en las elecciones legislativas más recientes, pero desde entonces ha sumado 23 legisladores de otros partidos. Otros cuatro legisladores se han integrado a una coalición gubernamental.

Tal vez algo metafísico inspiró estas conversiones. También es posible que todo ese dinero que se tomó prestado haya jugado un papel. Los aliados que aprobaron los proyectos y las nominaciones judiciales de Martinelli en el Congreso, de acuerdo con informes en los medios, han sido beneficiarios de una generosa financiación pública dirigida por el presidente, mientras que sus oponentes han recibido mucho menos.

Es difícil saber cómo se está usando el dinero porque Martinelli ha eliminado los mecanismos de control fiables. Se supone que el fiscal general y el contralor general son independientes del poder ejecutivo. En lugar de eso, son amigotes del mandatario. El contralor general, como lo informé en esta columna en 2012, es el ex auditor interno de una de las empresas de Martinelli y un viejo aliado del presidente.

Esta falta de transparencia ha generado escándalos. Uno de ellos incluye las acusaciones de que Martinelli recibió millones de dólares en sobornos de un proveedor italiano de equipos de radar y helicópteros, en parte propiedad del estado de ese país, durante el periodo en el que su amigo, Silvio Berlusconi, era primer ministro de Italia.

Martinelli llama las acusaciones de “telenovela”. Pero los fiscales de un tribunal italiano, que acusan a Vlater Lavítola de ser uno de los presuntos intermediarios en el caso de soborno, han señalado a Martinelli como uno de los beneficiarios de esos pagos. El inicio del juicio de Lavítola está previsto para junio. Curiosamente, ninguna empresa estadounidense (sujetas a la ley contra prácticas corruptas en el exterior) ha obtenido contratos importantes durante lo que ha sido una de los periodos de gasto en obras públicas (no ligados al Canal de Panamá) más intenso en la historia del país.

Si la fórmula de Cambio Democrático no gana las elecciones es probable que el nuevo gobierno examine de cerca esta y otras acusaciones contra Martinelli. Esto podría explicar lo que parece ser una táctica de mano dura de la campaña. En marzo, el presidente del tribunal electoral, una de las últimas instituciones independientes que quedan en el país, afirmó que CD había obtenido acceso a información personal y confidencial de los votantes en poder de la autoridad electoral y la estaba usando en su campaña.

Decenas de millones de dólares del erario público están siendo usados para publicitar los proyectos de obras públicas del gobierno con miras a la elección. En una flagrante violación de la prohibición constitucional de hacer campaña en su calidad de presidente, Martinelli promueve abiertamente la fórmula de CD.

El tribunal electoral jugará un papel decisivo en la supervisión y el conteo de votos en los comicios que se esperan tengan un resultado estrecho. Como tal, su reputación como una entidad con integridad es crucial. Pero en semanas recientes, Martinelli se la ha pasado atacando su fiabilidad e incluso la imparcialidad de su presidente, como si tratara de socavar la autoridad del tribunal.

En 2012, el presidente trató de controlar la Corte Suprema añadiendo tres nuevos puestos para, de esa forma, garantizar su influencia y aumentar las probabilidades de superar la prohibición a la reelección al igual que Daniel Ortega lo hizo en Nicaragua. Cuando los panameños salieron a las calles para protestar, retiró la propuesta. Pero las ansias de poder siguen vigentes.

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Fuente: The Wall Street Journal.